Diversas categorías de derechos

Los derechos son tantos, como los modos de intentar conseguir un bien de la vida y los bienes mismos. Bien es el goce de una cosa exterior, y cuando la ley garantiza el goce absoluto de una cosa imponiendo a todos respetar este goce, nace un derecho fundamental: la propiedad. Pero puede ser también el goce limitado de una cosa (usufructo, uso, habitación), o la posibilidad de realizar determinadas actividades respecto a una cosa de otro, para el mejor goce de una cosa nuestra (ius agendi, eundi, aquam ducendi), o puede ser la actividad de otro, en cuanto es impuesta por la ley como medio dirigido a procuramos una utilidad (obligación de hacer y de dar(; y también el no hacer ajeno se nos presenta como un bien, cuando nos permite el goce de un bien (servitus altius non tollendi; obligación de no abrir un comercio como el nuestro en la misma calle). Finalmente, puede ser la modificación del estado jurídico existente, cuando se tenga interés en deshacer una relación jurídica o constituir una nueva (anulación o resolución o modificación de los contratos; anulación de testamentos u otros actos jurí­dicos; cesación o constitución de servidumbre, etcétera).
Todos estos derechos se divididen en dos grandes categorí­as:

Derechos que tienden hacia un bien de la vida que se consigue en primer lugar mediante la prestación positiva o negativa de otros sujetos (derechos a una prestación), y derechos que tienden a la modificación del estado jurí­dico existente (derechos potestativos).

1. Derechos a una prestación
Esta primera categoría se subdivide en las categorías tradicionales: derechos absolutos y relativos, reales y personales.

a) Derechos absolutos y relativos. Esta clasificación se fundó para aquellos a quienes se dirige el mandato de la ley de hacer o no hacer, es decir, de prestar alguna cosa positiva o negativa. En los casos en que la garantí­a del bien de la vida al cual tendemos consiste en que a todos les está prohibido realizar determinadas acciones respecto a nosotros, se suele hablar de derechos absolutos, porque todos se nos aparecen como obligados negativamente respecto a nosotros (propiedad, servidumbre, derecho de personalidad en sus diferentes manifestaciones). En aquellos casos en que la garantí consiste en ser una obligación, establecida para determinadas personas, de hacer o no hacer cualquier cosa, se habla de derechos relativos, porque como obligada (preferentemente) se nos presenta una determinada persona (aunque también aquí todos están obligados a no hacer ninguna cosa contra nuestro derecho en cuanto todos están obligados a no dañar a otro). Por esto, los derechos relativos se llaman más comúnmente derechos de obligación.

b) Derechos reales y personales. Tradicionalment­e suele oponerse un grupo importante de derechos absolutos, reales, a los derechos que nacen de las obligaciones, personales. La distinción que sirve de base a algunas disposiciones de nuestras leyes procesales (Cód. Proc. Civ., arts 90 a 93; arts 198 y 200; art 70; Ley sobre las Conciliaciones de 16 de junio de 1892, art 10) está Íntimamente ligada a la distinción romana . En el derecho romano clásico se expresa: “Inpersonam actio est, qua agimus cum aliquo, quinobisvel excon-tractu vel es delicio obligalus est, id est cum intendimus dará, facerá, praestare aportere. In rem actio est, cum aut corporalem rcm intendimus nostram esse, aut ius aliquod nobis competerá, veluti utendi frucndi, eundi agendi aquamve ducendi vcl altius tollendi prospiciendive: aut cum actio ex diverso adversario est negativa”

3). Los derechos y las acaciones in rem, en el derecho clá¡sico, comprendan todos los derechos nacidos de cualquier modo por cualquier obligación (ius aliquod), si bien Gayo, al poner ejemplos, no enumere sino derechos de una determinada categoría; y en el concepto de actio persona entraban sólo algunas formas de obligación, en las que el deudor, por un hecho propio (contrato o delito), venia a ponerse en una condición de sometimiento respecto al acreedor (obligaliones). Pero la distinción de derechos reales y personales, tal como ha pasado a la doctrina moderna, tiene un sentido distinto.

Los derechos reales son aquellos absolutos que nos garantizan, por un lado, el goce completo de una cosa exterior (propiedad), comprendida la facultad de disponer de la cosa, y por el otro, el goce limitado de una cosa exterior cuya propiedad es de otro (derechos sobre cosa ajena), Suele decirse que en los derechos reales domina una relación entre persona y cosa, y que las otras personas entran en juego sólo en cuanto pueden perturbar aquella relación; esto se dice únicamente en sentido figurado, porque lo que da la naturaleza de derecho al goce de la cosa es justamente aquel complejo de deberes negativos de las otras personas. Pero la caracterí­stica de los derechos reales respecto a los otros derechos absolutos procede de que las cosas de las cuales se tiene el goce completo o limitado son exteriores y, por lo tanto, pueden corresponder a una persona como a otra, a esta o aquélla; pueden pasar de una persona a otra etcétera.

Los derechos personales, por el contrario, nacen en una relación que corre, desde su origen, entre dos o más personas determinadas, una o varias, de las cuales están (por cortrato, hecho ilí­cito, cuasi contrato, testamento, o ley) obligadas a una prestación hacia otra u otras.
También el goce de una cosa puede formar el contenido de un derecho personal. Yo puedo obligarme a hacer gozar una cosa de mi propiedad a otra persona durante un tiempo determinado, dándosela en arriendo; el derecho que nace de esta relación a favor del arrendatario es personal, porque la concesión temporal, no es sino una manera, de gozar mi cosa, obteniendo por ella un precio. Existe, es cierto, en el derecho del arrendatario algún elemento que lo asemeja al derecho real (ius ad rem) tanto más que él puede hacerse valer en ciertos lí­mites contra terceros propietarios [Cód. Civ., arts 1497, 1598; Cód. Proc. Civ., art 687: en los cuales algunos han querido ver un carácter real en los arrendamientos de larga duración, aquéllos que pasen de los nueve años y se inscriban).

Por otra parte, también la relación jurí­dica real puede dar lugar a obligaciones: el propietario puede ser obligado a prestaciones, en virtud de la ley (Cód. Civ., arts 441, 534, 543, 548, 559, 562, 568, 581, 698), o de un derecho real constituido a favor de otro, ejemplo, enfitcusís); y puesto que estas prestaciones son debidas por el propietario como tal, algunos autores incluyen los derechos que a ellas se refieren entre los derechos reales, mientras que la mayoría se limita a hacer una categoría especial de obligaciones (in rem scriptae).
Con la denominación de acciones mixtas, encontramos definidas en el derecho justínianeo las acciones divisorias (familiae erciscundae, communi dividundo, finium regundorum), porque mixlam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam. En cambio, la doctrina francesa enumera como acciones mixtas (Cód. Proc. francés art 59), las acciones nacidas en virtud de un acto traslativo de la propiedad de un inmueble [o de un mueble que no sea un simple genus) dirigidas contra el otro contratante para conseguir la cosa cuya propiedad fue transferida; y las acciones que tienden a la resolución, rescisión, reducción de un acto traslativo de propiedad o constitutivo de un derecho real inmobiliario, desde que son propuestas contra aquel a cuyo favor se ha constituido el derecho; porque, se dice, en el primer caso el derecho es a la vez personal, en cuanto deriva de la obligación de entregar la cosa, y real, en cuanto deriva de la propiedad transmitida; en el segundo caso, es a la vez personal, porque se pide la resolución de un negocio jurídico, y real, porque se tiende a conseguir la propiedad. Hechos valer, por el contrario, contra terceros poseedores, estos derechos son puramente reales. Pero la ley italiana no habla de acciones mixtas, y el concepto doctrinario de un derecho mixto es inútil y artificioso. En el primero de los dos casos en que el legislador francés utiliza el concepto, aquel al cual fue transmitida la propiedad, tiene contra el otro contratante, no un derecho mixto, sino dos derechos concurrentes. En el segundo caso, quien reclama, por ejemplo, la rescisión de una venta de un inmueble, ejercita un derecho que no tiene nada de real, porque él no tiene la propiedad; si reclama, además de, la rescisión, la restitución de la cosa, hace valer dos derechos: el derecho a la rescisión y el derecho real, condicionado a la admisión de la demanda de rescisión. Puesto que en este caso la finalidad práctica de la acción consiste en la adquisición de la cosa, es natural que el derecho real, si bien condicionado, prevalezca sobre el derecho a la rescisión y lo atraiga a sí­. Por lo que se explica que cuando el derecho real que se ha de conseguir mediante la rescisión, reducción o nulidad, deberá ejercitarse después contra un tercero poseedor, la ley permita proponer directamente contra él las dos acciones acumuladas (Cód Civ, art 1096); y la misma ley llama a esta acción, sin más, reivindicación. Las dos acciones acumuladas corresponden, en cuanto a la competencia, al forum reí­ sitae, lo que no impide que se den, en todo caso, dos derechos distintos; y tampoco es acertado hacer de estas dos acciones una única aclio in rem scripla, puesto que la eficacia real que tiene lugar aquí­, no es sino el efecto normal del derecho real, que vuelve a nacer en el momento en que la rescisión se pronuncia.

2. Derechos potestativos
Esta categoría de derechos, se contrapone claramente a la primera; en los derechos potestativos falta por completo aquello que es caracterí­stico de los derechos con base en una prestación: la obligación de una persona de hacer una prestación.

En muchos casos, la ley concede a alguno el poder de influir con su manifestación de voluntad sobre la condición jurídica de otro, sin el concurso de la voluntad de éste:
a) Haciendo cesar un derecho o una situación jurídica existente; o
b) Produciendo un nuevo derecho, una nueva situación o un efecto jurídico.

Por tanto, la ley, según determinados motivos, concede al cónyuge el poder de pedir la separación personal o la separación de la dote; al contratante, el poder de impugnar el contrato o denunciarlo; al mandante y al donante, el poder de revocar el mandato o la donación; al vendedor, el poder de rescatar el fundo o de pediría rescisión por lesión; al condómino y al socio, el poder de obtener la división, la cesación de la comunidad, ia disolución de la sociedad; al propietario, el poder de pedir la comunidad del muro colindante, el deslinde y amojonamiento, la concesión de una servidumbre de acueducto o de paso sobre un fundo ajeno y la supresión de servidumbres semejantes sobre su propio fundo; al empresario de una industria eléctrica, el poder de pedir la servidumbre de conducción eléctrica; al concesionario de una linca telefónica, el poder de pedir la servidumbre de apoyo del tendido; al que debe realizar una obra de utilidad pública, el poder de expropiar los fundos necesarios, etcétera.

Dichos poderes, que no deben confundirse con simples manifestaciones de la capacidad jurídica, como la facultad de testar, de contratar, etc., a las cuales no corresponde ningún sometimiento ajeno, se ejercitan y actúan mediante una simple declaración de voluntad, pero algunas con la intervención necesaria del juez (sentencia constitutiva). Todos tienen de común tender a la producción de un efecto jurí­dico a favor de un sujeto y con cargo a otro, el cual nada debe hacer, ni puede hacer para apartar de sí­ aquel efecto, quedando sujeto a su producción. La sujeción es un estado jurí­dico que no requiere el concurso de la voluntad del sujeto, ni ninguna actitud suya. Son poderes puramente ideales, creados y concedidos por la ley, sea a veces con base en un pacto (en cuanto sólo dentro de la ley puede concebirse un poder que consiste en poner en vigor o fuera de vigor normas de ley); y puesto que esos poderes se presentan como un bien, no hay ninguna razón para no comprenderlos entre los derechos, como realmente les comprende el sentido común y el uso jurídico. Es una pura petición de principio decir que no puede concebirse un derecho al cual no corresponda una obligación. Tampoco se puede negar la autonomía de estos poderes: el poder de hacer cesar un derecho, no tiene que ver con tal derecho, y el poder de constituir un derecho, no puede confundirse con un derecho que no existe aún, ni siquiera en el estado de derecho latente, expresión privada de significado jurídico. Por ejemplo, si yo vendo una cosa propia a Ticio con pacto de retroventa, no se puede decir ciertamente que yo continúo siendo propietario, y que sólo para ejercitar este derecho de propiedad sea necesaria la declaración de restitución, por el contrario, lo cierto es que yo he perdido la propiedad y que Ticio es el propietario (propietario revocable, !o llama la ley); pero yo tengo, con relación a él, el poder jurídico de reconstituirme el derecho de propiedad perdido. Por lo mismo, estos poderes jurí­dicos no se pueden asimilar a aquellas relaciones en las cuales se estipula ia obligación de una parte de hacer determinadas prestaciones a petición de la otra (contratos de suministros, de provisión, igualas y similares); no hay aquí­ el simple poder jurídico de producir en la otra parte, mediante la petición, la obligación de la prestación, ya que la obligación preexiste a la petición; tan es así­, que por esa relación obligatoria en la que ha entrado, la otra parte está obligada a conducirse de manera que pueda realizar las prestaciones cuando se le exija; y a veces puede haber recibido la correspondencia de esta obligación, sin que las prestaciones sean jamás pedidas (como en el contrato de abono). Tampoco, por último, se pueden reducir estos derechos a la primera categoría, imaginando su sujeto pasivo como obligado a sufrirlos (lo que será una contradicción en los términos, puesto que la obligación supone la posibilidad de no cumplirse), o imaginando como obligado frente a ellos al juez (mientras el sujeto pasivo de estos derechos es el adversario, y el juez no tiene sino la obligación de reconocerlos).

Antiguamente, se sostenga que el derecho a la comunidad de un muro medianero tenga su título en la ley, de manera que el propietario vecino podra ejercitarlo, sin más, con la protección judicial, salvo la obligación personal, y no del adquircnte eventual, de pagar el precio; pero el tribunal de casación declar que el propietario del fundo tiene por la ley solamente “el derecho potestativo de hacer común el muro”, por lo cual este derecho debe ejercitarse con las formas requeridas por la ley para la transmisión de la propiedad inmueble, es decir, debe constítuirse la comunidad mediante contrato escrito o, en su falta, mediante sentencia del juez. También se consideraba que la servidumbre forzosa de paso teng­a su título en la ley [Cod. Civ., art 592J y que ejercitado el paso de un determinado modo durante el tiempo necesario para la prescripción, se adquiría por prescripción el modo. Pero el tribunal de casación decidá que “la ley no constituye directamente la servidumbre, sino que concede Únicamente el derecho de obtener su constitución”, y ásta debe obtenerse con convención escrita o mediante sentencia del juez, excluyendo la adquisición por prescripción tanto de la servidumbre como del modo.

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